Elecciones constituyentes

Pedro Sánchez ha planteado las elecciones generales de finales de noviembre como un duelo entre la razón y la barbarie, entre el bien y el mal. Él se identifica, naturalmente, con el bien. Lo dejo dicho de forma muy gráfica con un vídeo grabado en solitario frente al Guernica, un cuadro que simbolizaba la reconciliación entre españoles y que ahora sirve de decorado para una campaña de puro trincherismo. El presidente del Gobierno se presenta como el último dique europeo frente a Donald Trump y reduce el voto a una sola consigna, la de frenar a Vox. Es la lógica del muro, que convierte al adversario en enemigo moral y hace de la polarización una herramienta de poder.

Esa estrategia necesita que Vox ocupe el centro del escenario. Si el partido de Santiago Abascal monopoliza la atención, el PSOE se ofrece como refugio para quienes temen verles en el Gobierno y, al mismo tiempo, se crea en la derecha la sensación de que Vox está desplazando al PP. La calle pone las imágenes y la agitación. En las últimas semanas se han sucedido los boicots a los mitines de Abascal, las acampada que en Madrid ha tomado la Puerta del Sol con el consentimiento del Gobierno y los cortes de tráfico de los profesores contra Isabel Díaz Ayuso. El punto culminante llegará a mediados de noviembre con una huelga general de los grandes sindicatos dirigida contra la oposición, algo de lo que no hay precedentes.

Para Sánchez el Estado es un botín. Los organismos independientes han caído en manos de fieles al Gobierno, y ese mismo sentido patrimonial del Estado explica la cadena de escándalos que salpica a su familia y a sus colaboradores. La investidura comprada con la amnistía, años de gobierno sin presupuestos y el intento de aprobar decretos en la Diputación Permanente invocando a la calle muestran a las claras que la democracia en España se ha deteriorado mucho.

Solo quedan dos contrapesos: la prensa independiente y la Justicia. El Gobierno ha convertido a los jueces en el enemigo interior. Los tribunales exigen al Gobierno los datos de la ley de nietos, pero, por lo que sabemos, muy pocos han acreditado su derecho a adquirir la nacionalidad. También están pidiendo al PSOE los contratos y la contabilidad del partido, algo que podría acabar en la imputación del PSOE como persona jurídica. La respuesta oficial es desacreditar a los magistrados, como hicieron en su día Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

A todo ello se suman los problemas económicos que el Gobierno niega una y otra